Portada: Cámara de Diputados
(10 DE OCTUBRE, 2024).- La Cámara de Diputados aprobó, con una mayoría calificada de 353 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones, la reforma constitucional que modifica la naturaleza jurídica de las empresas productivas del Estado a empresas públicas del Estado. Esta reforma impacta los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, buscando asegurar la preponderancia de la empresa pública en sectores clave como la electricidad.
Durante la discusión, se generaron críticas, como la de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC), quien advirtió que la modificación encarecerá el servicio de electricidad y agravará la crisis climática. En la misma línea, Miguel Angol Monraz Ibarra (PAN) alertó sobre posibles afectaciones a las finanzas públicas y al medio ambiente.
Pese a estas objeciones, el Pleno desechó las mociones suspensivas presentadas y el dictamen continuará su discusión en lo particular en los próximos días.
La secretaria de Energía, Luz Elena Gonzáles y la mandataria Claudia Sheinbaum, horas antes, durante la mañana del día de ayer, 9 de octubre, expusieron los objetivos y el contexto las iniciativas de reformas que en su momento había presentado el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del 2024. Destacaron que estas reformas aseguran la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía eléctrica, con un 54% de la producción nacional, dejando el 46% restante a la iniciativa privada, bajo un esquema claro para fomentar la generación de energía limpia y garantizar un suministro ordenado.
La reforma también establece que, aunque los particulares podrán participar en actividades de la industria eléctrica, la empresa pública del Estado siempre tendrá prioridad.
En este contexto, la mandataria también recordó que desde 1992 se permitió la participación privada en el servicio público de electricidad, lo que resultó en una paulatina privatización de CFE y PEMEX. Las reformas de 2013 profundizaron este proceso, obligando a estas empresas a competir bajo leyes mercantiles.
“Esta reforma busca restaurar a estas empresas como entidades públicas, donde el mercado no sea su principal función, sino el servicio público”, afirmó la presidenta.
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